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El ciclo de videoconferencias de la Universidad Autónoma del Caribe, para 2020, continúa y el turno esta vez es para Derechos humanos, la importancia nacional e internacional de la nueva realidad.

 

La cita es hoy, martes, 1 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, a través de la plataforma Teams. Organiza la Facultad de Jurisprudencia, Clínica Jurídica, Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación y el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, políticos, económicos y sociales de Uniautónoma.

 

Entre los invitados y ponentes están los abogados, ocupantes de altos cargos, doctores y docentes Miguel ángel Rodríguez Vásquez, Andrés Felipe Caballero, Flor María Ávila Hernández; Manuel de Jesús Hernández Guerra, Rosa Gutiérrez Vargas, más los estudiantes Karen Acosta, Melania Gómez y Alex Varela.

 

El nombre lo dice todo y es que las temáticas giran en torno a los cambios jurídicos que se avecinan con el nuevo escenario mundial, postpandemia.

 

Para ingresar a la charla debes dar clic en este enlace. Te esperamos. JSN

 

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En la mañana de este martes la Universidad Autónoma del Caribe dijo no: Al abuso y trafico de humanos mediante el conversatorio ‘Visibilización del delito de trata de personas’, una jornada informativa organizada por la Facultad de Jurisprudencia y su Clínica Jurídica, en compañia del Comité de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas del Distrito de Barranquilla.

 

Evento que contó con la participación de conferencistas y expertos en el tema; El fiscal 26 de Caivas, Dr. Carlos Newball, abogado y magíster en Derecho Penal y Criminología; el psicólogo clínico y forense, especializado en convivencia escolar, Fabián Cárdenas Barros perito en delitos sexuales, promotor de derechos humanos y psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia en víctimas. De igual manera estuvo el Dr. Bertulfo Gutiérrez Vásquez, abogado y especialista en gestión pública, actualmente adscrito a la Secretaría Distrital de Gobierno. La abogada especialista, magíster en Derecho Público, y especialista en Alta Gerencia, Diana Padilla. Así también estuvo Juan Carlos Meriño, estudiante de décimo semestre de Derecho de la Uniautónoma, representante legal de la Fundación Comunitaria Progresando y miembro del staff de nuestra Clínica Jurídica.

 

¿Qué es la trata de personas? Bien, como se comprende mediante la ley 985 de 2005: la trata de personas se refiera al que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años, como dispone la legislación, así mismo se entienden por tipos de trata de personas los referentes a:

➔ Explotación, prostitución ajena

➔ Explotación sexual

➔ Trabajo o servicio forzado

➔ Esclavitud o prácticas similares

➔ La servidumbre

➔ Explotación de la mendicidad

➔ Matrimonio servil

➔ Extracción de órganos

➔ Turismo Sexual

 

“No toda la trata de personas tiene que ver con la práctica sexual, aquí lo podemos observar”, indicó el Dr. Bertulfo Gutiérrez Vásquez, abogado y especialista en gestión pública, y continuó su relato añadiendo que “el consentimiento de la víctima en las prácticas anteriormente mencionadas no es causal de exoneración”.

 

“La realidad es que todas las personas están expuestas, también existen varias modalidades de explotación que afecta a hombres, niños, niñas y adolescentes… Este delito no tiene que ver con la edad y mucho menos con el lugar de residencia pues afecta a las personas también en el interior de un país”, concluyó Bertulfo Gutérrez.

 

Carlos Newball, abogado y magíster en Derecho Penal y Criminología hizo alusión a las guerras de abolición y tratados de esclavitud, los acuerdos de 1904 y de los años posteriores sobre la trata de blancas y comentó los diferentes artículos de la constitución política colombiana de 1991, donde se comprenden los siguientes apartados, el primer artículo desgloza que colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto y la dignidad humana. Seguidamente, en el artículo 12 se hace referencia a que ‘nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes’ respectivamente el artículo 17 plantea que ‘se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas’.

 

Este preámbulo fue justificado por el abogado Carlos Newball cuando dijo que todos los delitos relacionados con la trata de personas en sus diferentes expresiones tienen un amparo penal mayor y por lo tanto deben ser objeto de estos debates académicos.

 

Fabián Cárdenas, psicólogo clínico y forense, especializado en convivencia escolar presentó un cuadro exponiendo el hecho (lo que se hace), los medios (como se hace) y el propósito (por qué se hace) de estas prácticas.

➔ Lo que se hace: Captación, transporte o acogida de personas.

➔ Cómo se hace: Por amenazas, uso de fuerza, capción, rapto, fraude o engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o el pago o concesión de beneficios.

➔ Por qué se hace: Con fines de explotación, incluyendo la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud o prácticas análogas y extracción de órganos.

 

Su explicación también estuvo enumerada por los actores, los cuales son:

➔ Perfilador: El que perfila, completa, precisa, remata, acaba, perfecciona o concreta, presenta, aparece, manifiesta o sobresale de una manera nítida.

➔ Tratante: Quien o quienes se dediquen a la captación, el transporte de personas; quienes ejerzan el control sobre las víctimas de trata, los que participan en delitos conexos y quienes obtengan un lucro directo de la trata.

➔ Víctima: Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales.

 

La especialista en el abordaje de diferencias de género de los servicios de salud de la secretaría de Barranquilla Patricia Martínez intervino con el foco destacable de ¿cómo identificar una víctima de trata? y se respondió a sí misma que se puede identificar cuando se observa que:

➢ La acompaña alguien que parece ejercer control sobre sí mismo.

➢ Presenta signos físicos de violencia o abuso

➢ Se muestra en incapacidad de hablar o lo hace con dificultad

➢ Su residencia en la ciudad o país es reciente y se muestra incapaz de proporcionar detalles de su dirección.

➢ Carece de identificaciones oficiales

➢ Presenta signos de sumisión o miedo

➢ Presenta enfermedades infectocontagiosas

 

Por otra parte, las acciones de prevención interdisciplinarias fueron explicadas por Diana Padilla, magíster en Derecho Público, y especialista en Alta Gerencia, donde desde la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe a través de su clínica jurídica trabajó sigue trabajando en la trata de personas que, a través de la clínica jurídica Uniautónoma se ha podido reflexionar el siguiente flagelo, según lo explica Diana Padilla.

 

“Se puede observar que el tema aún no está posicionado en la agenda pública, y se percibe la invisibilización de este fenómeno desde altas esferas públicas, y que más que una problemática interna no solo somos un país de tránsito y destino sino también de origen y explotación gracias a los factores de pobreza, violencia, conflicto armado entre otras problemáticas de orden social y cultural”.

 

“Cómo evitamos ser víctimas de trata de blancas” participó Juan Carlos Meriño estudiante Uniautónoma y representante legal de la Fundación Comunitaria Progresando y miembro del staff de nuestra Clínica Jurídica.

 

“No hay un perfil”, siguió diciendo que “No existe una forma de escoger una víctima, ni una religión, manera de vestir o estrato social que lo determine, es que tampoco se divide por las creencias específicas preestablecidos que tenemos, sino que todos podemos ser víctimas de la trata, y por ello no podemos pretender que estamos en una situación diferente porque no hemos presenciado este fenómeno en primera persona, tenemos que conocer del tema, y saber qué hacer en caso de que podamos detectar una víctima”. DHS

 

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El Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico recibió la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, evidenciando así el cumplimiento de las exigencias de calidad para prestar un excelente servicio a la población vulnerable.

 

El certificado fue entregado por el Director Regional Caribe del Icontec, Simón Bolívar, a la rectora de nuestra institución, María Victoria Mejía Orozco, en una ceremonia que contó con la presencia del equipo de la Facultad de Jurisprudencia.

 

El Icontec renovó el certificado de conformidad de servicios, bajo el esquema de certificación 6 según ISO/IEC 17067, al “Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe", según el documento y además agrega que “el derecho del uso del certificado de conformidad se otorga con el referencial NTC 5906”.

 

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Dentro de las actividades a las que es aplicable el certificado está el “servicio de conciliación extrajudicial en Derecho, con atención preferencial a personal de escasos recursos económicos y en condiciones de vulnerabilidad”.

 

La Universidad Autónoma del Caribe trabaja en la formación de los estudiantes de manera integral y busca, desde la academia, generar beneficios que impacten a la comunidad.

 

Cabe resaltar que el Director Regional Caribe y la ejecutiva de cuentas de Icontec, Milena Casdelo, son graduados del programa de Administración de Empresas de nuestra institución.

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La Universidad Autónoma del Caribe, a través de la Facultad de Jurisprudencia, ya ha adelantado dos jornadas de los cursos formativos del programa ENCONJUNTO 2019 desarrollado por Constructora Bolívar, en el marco de su política de responsabilidad social empresarial. Los talleres, programados para cuatro jornadas, han sido denominados “Buenas prácticas para la Sana Convivencia en una Propiedad Horizontal”.

 

Primera Jornada.

Durante este espacio, el cual dio inicio a las 8:30 a.m. en el Conjunto Torcaza, se desarrolló el primer tema titulado “Convivencia en Propiedad Horizontal” dirigido por las docentes de la Uniautónoma, Rosa Gutiérrez y Carolaine Molinares, expertas en Consultoría Jurídica y Conciliación Extrajudicial en Derecho.

 

A lo largo de la primera jornada la Coordinadora de Relaciones con la Comunidad, Stephanie Marriaga Jambooz, dio la bienvenida y realizó una dinámica a los asistentes que acogieron la invitación a una nueva versión del programa. En el encuentro se explicó el objetivo de los talleres, que se extenderán hasta el día 23 de noviembre de este año.

 

Seguidamente, la doctora Rosa Gutiérrez, tutora de la dinámica jornada, presentó la estructura teórica – práctica que se llevaría a cabo durante seis horas, donde se tocaron temas como, organización de comités de convivencia y mecanismos alternos para la solución de conflictos, obligaciones no pecuniarias y las distintas clases de sanciones en la propiedad horizontal.

 

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Gutiérrez, realizó talleres de reconocimiento entre los asistentes de los distintos conjuntos pertenecientes a Alameda del Río, para lograr una empatía entre vecinos, lograr fortalecer competencias y acompañarse en el objetivo de lograr vivir en sana convivencia, identificando cada una de sus habilidades y destrezas para conformar un equipo dentro de cada conjunto.

 

Al finalizar la jornada, la docente Caroline Molinares, realizó una dinámica de Percepción entre cada una de las personas, donde utilizó los sentidos del tacto y el gusto de cada uno de los asistentes para explicarles y enseñarles mecanismos de conciliación entre los mismos habitantes, la importancia de conocerse a sí mismos para mantener un buena posición moral dentro de la solución de los conflictos internos y externos que se presenten en la comunidad.

 

Segunda Jornada.

Durante la segunda jornada del seminario “Buenas prácticas para la Sana Convivencia en una Propiedad Horizontal” llevado acabo el día 2 de noviembre en las instalaciones de conjunto Gorrión. El segundo módulo fue “Sanciones en la Propiedad Horizontal” el cual fue dictado por el docente José Caro, abogado del Consultorio Jurídico del Alma Mater, en compañía de la doctora Rosa Gutiérrez, con el fin de conservar el dinamismo e internación en la extensa jornada de formación de seis horas. 

 

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Seguidamente, se abordaron temas como: competencias y trámite para imponer sanciones, ejecución de las sanciones por incumplimiento de obligaciones y por último, extinción en la propiedad horizontal. Estos contenidos fueron desarrollados con una dinámica particular sobre el reconocimiento del reglamente interno de la propiedad Horizontal (R.P.H).

 

El conocimiento de las sanciones en la propiedad horizontal suelen ser muy importantes para los residentes que por primera vez habitan en este tipo de propiedad, ya que la forma de vida es completamente distinta a la de otro dominio. El respeto y pleno conocimiento de su reglamento deben primar para mantener un entorno de sana convivencia. 

 

“Estos seminarios son muy útiles para el común denominador de los propietarios que buscan nuevas herramientas para poder mejorar nuestras condiciones de convivencia y a la vez conocer que derechos tenemos, que obligaciones y sobre todo que prohibiciones” así lo expreso Elisa Gómez, propietaria del conjunto residencial Torcaza y asistente al seminario. 

 

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Para lograr un conocimiento más dinámico del R.P.H, y finalizar con la jornada, se realizó una actividad de lectura en comunidad de las obligaciones expuestas en el artículo 89 del manual de convivencia de la propiedad horizontal, el cual contiene los deberes de los copropietarios y visitantes de los conjuntos de Alameda del Río, logrando la satisfacción propuesta por los tutores para obtener el objetivo.

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En busca de contribuir con el efectivo acceso a los derechos, justicia e igualdad, la Universidad Autónoma del Caribe, hace más de 19 años, abrió las puertas de su Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, adscritos a la Facultad de Jurisprudencia.

 

Estos centros cumplen, dentro de la institución, el papel de docencia, extensión y proyección social e investigaciones. Además, cuentan con la certificación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

 

Como objetivo principal, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación buscan prestar, a través de sus docentes y estudiantes, asesorías en las diferentes áreas del derecho y de forma gratuita, a las comunidades más vulnerables, con especialización en las que se encuentran en condición de discapacidad, brindando mecanismos alternativos a la solución de los conflictos. Para el último, las instalaciones de ambos centros, ubicadas en las instalaciones de la Uniautónoma, cuentan con las adecuaciones específicas de un centro de atención a este tipo de población.

 

“Acá nosotros tenemos un doble componente. El primero consiste en la preparación integral de los estudiantes, es decir, el laboratorio donde ellos van a empezar a desarrollarse como abogados. El segundo es la extensión y proyección social, relacionado con la comunidad y a los problemas del contexto”, manifestó Rosa Gutiérrez, directora del Centro de Conciliación.

 

En cuanto a la experiencia de los estudiantes, Luisa Alexandra Ortega, estudiante de noveno semestre del programa de Derecho, comentó que “aquí todo el tiempo estoy acompañada de un asesor. Hay un docente que es el que nos acompaña a hacer las asesorías y hay un asesor que también está pendiente y quien, además, es quien nos asigna los procesos que debemos llevar. Ambos nos corrigen los documentos y están muy pendientes de que todo esté bien”.

 

Para el correcto manejo de estos procesos, la Universidad brinda su apoyo a los centros desde los departamentos de Bienestar Universitario, Prácticas Institucionales, Extensión y Proyección Social, Clínica Jurídica y Centro de Altos Estudios.

 

Por otro lado, estos espacios no son los únicos en los que la población puede hacer uso de los servicios pues cuentan con unos consultorios descentralizados, permitiendo generar un impacto a nivel departamental. Estos consultorios se encuentran ubicados en la Personería Distrital de Puerto Colombia, la Casa de la Justicia del barrio La Paz, la Casa de la Justicia del barrio Las Flores y la Casa Distrital de la Cultura del barrio El Bosque.

 

“Yo le doy gracias al jefe de la Junta de Acción Comunal que fue quien trajo a los funcionarios de la Universidad. Ellos han venido llevando los procesos jurídicos de las comunidades, de verdad que le agradezco mucho a la institución. Y no solo han trabajado por nuestro barrio sino que también han venido personas de otros sectores a asesorarse con ellos”, dijo Carlos Enrique De la Rosa Vázquez, coordinador de la Casa Distrital de la Cultura del barrio El Bosque.

 

Todo lo anterior, persiguiendo la idea de llevar soluciones a las comunidades, a lo que además se le agrega un trabajo conjunto con la emisora institucional, Radio Cultural Uniautónoma; el canal, Uniautónoma TV y el departamento de Marketing. Entre los casos que más se atienden se encuentran los relacionados con derecho de familia y procesos administrativos.

 

Por su parte, Camila Sánchez Suárez, estudiante de séptimo semestre del programa de Derecho, quien se encuentra realizando por primera vez sus prácticas en Consultorio Jurídico cuenta que “está ha sido una experiencia muy agradable porque uno da la teoría en clase pero no es lo mismo que la vida real. Lo que me alegra es que tenemos la oportunidad de trabajar con la gente y al mismo tiempo apoyarnos en nuestros docentes y poder sacar adelante los procesos”. MMC

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El reciente caso del delantero de la Selección Colombia, Roger Martínez, quien fue demandado por su excompañera sentimental por incumplimiento de la cuota de manutención de su hija de 15 meses, ha puesto en la agenda de los medios de comunicación este tema jurídico.

 

La cuota alimentaria o cuota por alimentos según lo establecido en la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, es un derecho que tiene toda persona en Colombia si por si sola no puede matenerse, en especial niños, niñas y adolescentes. El concepto de alimentos incluye: habitación, vestido, sistencia médica, recreación, educación e instrucción.

 

En Colombia cuando dos personas deciden tener hijos como fruto de una relación amorosa los padres deben tener en cuenta que si estos por cualquier motivo se separan, cada una de las partes debe cumplir con la manutención de los hijos sin importar que estos sean menores de edad o aún teniendo los 18 años y no puedan costear sus gatos y sean incapaces de sobrevivir por si solos.

 

Sin embargo, aunque lo más viable cuando se presentan estos casos es que las personas lleguen a un acuerdo para propiciar el bienestar de sus hijos, no lo hacen. Este tema ha llegado a causar tantos inconvenientes que al Estado le ha tocado intervenir y promulgar leyes para proteger a los más perjudicados que este caso son los menores.

 

“Al momento de conformar una familia las personas deben tener muy en cuenta el valor de la responsabilidad como un factor determinante para la elección, porque sin el cumplimiento del deber de dar alimentos se fraccionan las relaciones familiares y esto trae como consecuencia una crisis dentro del hogar”, explicó Cecilia De Alba, docente y abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma del Caribe.

 

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‘El artículo 24’ del Código de Infancia y Adolescencia consagra distintos requisitos para fijar la cuota alimentaria, dentro de ellos el suministro al niño, niña o adolescente de todo lo indispensable para su desarrollo: físico, emocional, espiritual, moral y social.

 

¿Cómo se fija una cuota de alimentos?

“En el plano familiar es muy importante el tema de los alimentos, porque una de las funciones esenciales de la familia es satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Son los padres y abuelos quienes deben proveer la alimentación de los hijos o nietos, igualmente serán estos hijos o nietos quienes en el futuro deberán proveer los alimentos de aquellos”, comentó la abogada.

 

Padre y madre tienen la opción de llegar a un acuerdo frente al tema, sin lesionar los derechos del hijo o los hijos. Sin embargo, a falta de dicho acuerdo será un juez de familia, quien se encargue de fijar una demanda para alguno de los padres.

 

La ley 1098 de la cuota alimentaria tuvo su origen en el año 2006 y va dirigida a: niños, niñas y adolescentes, - mujeres en estado de gestación, siempre y cuando este casada o tenga una unión material de hecho declarada con el padre del hijo que está por nacer, o que el progenitor lo hubiere reconocido,- personas mayores de edad con discapacidad absoluta.

 

Existen factores a tenerse en cuenta para fijar una cuota de alimentos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley 1098 de 2006:

· Las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas que por ley también le debe alimentos (otros hijos, cónyuge, padres, etc.)

· El límite máximo del embargo del salario del alimentante asalariado es del 50% por parte de la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 430 del Código de Infancia y Adolescencia.

· La capacidad económica del alimentante.

· Las necesidades fácticas, sociales y económicas del niño, niña o adolescente.

· Si el obligado a suministrar alimentos no labora o sus ingresos son irrisorios, el cálculo de la cuota alimentaria se determina sobre el salario mínimo legal vigente. Es decir, en este caso se presume que gana, a 2018, $781.242.

 

Las demandas las pueden presentar padres, representantes legales, parientes, la persona que tenga bajo su cuidado al niño, niña, adolescentes y mujer en estado de gestación. Para instalar una demanda las personas deben dirigirse a los puntos de atención del ICBF que estan ubicados a lo largo y ancho del país.

 

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Pero antes de hacer los trámites requeridos se recomienda recibir asesoría en un consultorio jurídico como el de la Autónoma, oficina donde se presta un servicio social completamente gratuito para el manejo de asuntos legales en todas las áreas del derecho.

 

¿Cuáles son las sanciones, para las personas que no cumplan con su deber?

Las sanciones legales para quienes no cumplan con la cuota de alimentos va desde la perdida para exigir derechos como son: el de visita, la custodia, el cuidados de los hijos, la restricción de las salidas del país y hasta el de perder la libertad.

 

El Código Penal Colombiano en su artículo 233 expone lo siguiente: el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a unos 24.840.000 millones de pesos.

 

La pena será de prisión de 32 a 72 meses y una multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales, que equivalen a unos 30.636.000 millones de pesos vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.

 

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Famosos envueltos en escándalos por no cumplir con la cuota alimentaria

Según una noticia publicada en el portal web del periódico ‘El Tiempo’ estos son algunos fútbolistas de la farándula nacional sancionados por no cumplir con los acuerdos establecidos en la cuota alimentaria, ellos son:

 

El exfutbolista Carlos ‘el pibe’ valderrama a quien el juzgado primero de familia de Santa Marta le prohibió la salida del país por el incumplimiento de las cuotas alimentarias a su hijo, Carlos Alberto Valderrama Ruge.

 

En el 2000, las autoridades no le permitieron su salida de Colombia al goleador Iván René Valenciano cuando iba a viajar al exterior a jugar con la Selección, por una demanda por alimentos.

 

Entre tanto, Faustino Asprilla en el 2008, tuvo un proceso por una demanda de alimentos. El ‘Tino’ llegó, en ese momento a un acuerdo para entregarle a Catalina Cortés, madre de su hijo Santiago un apartamento avaluado en 3.000 millones de pesos.

 

El caso más reciente es el del delantero de la Selección Colombia, Roger Martínez, quien fue demandado por su excompañera sentimental por incumplimiento de la cuota de manutención de su hija de 15 meses. La mujer le exigía al jugador una suma de siete millones de pesos. Esta situación causó revuelo en las redes sociales y generó dudas y malestar entre los aficionados de la tricolor. LLT

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La Oficina de Talento Humano informa a la comunidad de la Universidad Autónoma del Caribe que se encuentran disponibles dos vacantes para:

 

Cargo: Abogado 
Número de vacantes: 2
Área: Consultorio Jurídico – Centro de Conciliación

Misión del Cargo: Responder por la aplicación, corrección y prevención del uso de las normas legales vigentes de acuerdo a los procedimientos establecidos según el campo de acción.


Formación Académica: Profesional en Derecho, preferiblemente con especialización en el área a desempeñar, formación complementaria en el campo del derecho.


Formación Complementaria: Manejo del paquete de office, servicio al cliente. Elaboración de informes.


Experiencia Requerida: Dos (2) años de experiencia en cargos similares.


Empleados interesados deben diligenciar el formato Inscripción Convocatoria que pueden descargar de este enlace http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/3475 y enviarlo al correo 


FECHA CONVOCATORIA EXTERNA: 08/01/2019- 16/01/2019

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El Ministerio de Justicia y del Derecho y Rundis entregaron en la mañana de este martes un reconocimiento a la Universidad Autónoma del Caribe y a su Consultorio Jurídico por la labor que está adelantando desde hace cuatro años con la población vulnerable del departamento de Atlántico, especialmente la que se encuentra en condición de discapacidad.

 

Rosa Gutiérrez, directora del consultorio, fue la encargada de recibir esta distinción y señaló que es una retribución que adelantan “por la materialización de los servicios de justicia y el acceso inclusivo de personas vulnerables, especialmente en condición de discapacidad”.

 

El Consultorio Jurídico ha estado trabajando de la mano con MinJusticia en la aplicación de las políticas públicas de personas con discapacidad, por ello ha participado en toda una serie de actividades y capacitaciones para mejorar el servicio de las personas en situación de vulnerabilidad (comunidad LGBT, grupos étnicos y equidad de género, además de personas en condición de discapacidad).

 

Como consecuencia de este trabajo jurídico social, el consultorio ha recibido reconocimientos también por parte de las redes departamentales de consultorios jurídicos, integrantes de las redes nacionales que hacen parte de la Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad (Rundis).

 

“Para el programa de Derecho significa reconocimiento al trabajo que socialmente ha realizado el consultorio, a la dedicación de las personas que hacen parte del consultorio y del programa de Derecho”, indicó la directora del consultorio.

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Martes, 18 Abril 2017 09:24

Consultorio Jurídico

¿Quiénes Somos?

El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma del Caribe, hacen parte de la extensión del Programa de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y ofrecen a través de sus asesores, estudiantes y docentes, asesorías, servicio de conciliación extrajudicial en derecho y representación jurídica en las diferentes áreas. Este servicio va dirigido a la comunidad vulnerable de nuestra sociedad y se presta de manera gratuita. 

Objetivo General.

  • Formar en el área práctica profesionales idóneos, integrales, conciliadores, investigadores y capaces de afrontar los retos propios de la profesión, con un amplio sentido ético y moral dirigido a las necesidades sociales de la comunidad.

Objetivos Específicos

Son objetivos específicos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación:

  • Crear un escenario de prácticas para afianzar los conocimientos jurídicos obtenidos por los estudiantes durante el transcurso de sus estudios profesionales.

  • Familiarizar al estudiante con la práctica del ejercicio profesional del Derecho ante autoridades judiciales y administrativas, conforme a las competencias que establece la ley.

  • Propiciar espacios para generar proyectos de investigación articulados a las diferentes líneas de la Universidad y, de esta manera, servir como centro de experimentación e insumo para indagaciones futuras, fortalecer la investigación y la formación integral para el ejercicio Profesional.

  • Prestar, en forma gratuita, asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos y ofrecer a la comunidad en estado de vulnerabilidad servicios jurídicos y sociales por parte de los estudiantes y egresados adscritos.

  • Poner al estudiante en contacto con la realidad social, los problemas y conflictos jurídicos del entorno que le permitan la práctica y desarrollo de sus conocimientos y competencias, habilidades y destrezas al servicio de las comunidades locales, regionales y nacionales.

  • Prestar colaboración a las diferentes entidades públicas y privadas en lo referente al área jurídica y social.

  • Formar a los estudiantes en mecanismos alternativos para que a través de los mismos, en especial la conciliación, den solución a los diferentes conflictos del entorno.

  • Buscar que las acciones de proyección social de la Facultad de Jurisprudencia se deriven de la articulación de los procesos de docencia e investigación.

¿Qué Hacemos?

Somos una asignatura inmersa en el plan de estudios del programa de Derecho, donde los estudiantes dentro de los dos últimos años lectivos de la carrera, colocarán en práctica lo estudiado y aprendido durante los semestres anteriores y los semestres sucesivos, al servicio de la población vulnerable.

En cuanto a nuestra labor jurídico-social, es un apostolado servirle a la comunidad no solo del departamento del Atlántico, sino de toda la costa Caribe, pues a través del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Programa de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe, prestamos asistencia jurídica a las personas vulnerables de forma gratuita, pero con una gran responsabilidad y seriedad, reflejado en cada actuación o seguimiento que realizan nuestros estudiantes y asesores expertos en cada una de las áreas del derecho, con el fin de dar una solución eficaz, pronta y oportuna a cada conflicto, previniendo siempre la confrontación judicial y promoviendo de esta manera los mecanismos alternos de solución de conflictos en la formación profesional de los futuros egresados e íntegros profesionales del derecho.

En el mapa de procesos de calidad, nos encontramos institucionalmente además de la docencia, comprometidos con la extensión y proyección social, internacionalización e investigación.


Servicios

El Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad, ofrece a sus usuarios, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, el servicio de conciliación extrajudicial en derecho, el cual es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el que las partes por medio de un tercero neutral llamado conciliador, gestionan la solución de sus controversias.

Así mismo, el Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019 y el Decreto 1429 de 2020, ofrece a la comunidad en general los servicios de suscripción de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, mediante atención presencial y/o remota, apoyándose en herramientas tecnológicas y la utilización de protocolos de servicio inclusivo, propendiendo por el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Para cualquier inquietud o duda por favor manifestarlo a través de los canales de contacto y con gusto será atendida.

 

Si desea ampliar información y acudir a los servicios del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación lo invitamos a visitar  http://consultoriojuridico.uac.edu.co/

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